El Gobierno de España anuncia la revisión del modelo de RTVE y la “reducción de costes”

• “Debemos revisar el modelo que queremos y nos podemos permitir”
• Sáenz de Santamaría anuncia una auditoría “completa” de las cuentas
• La oposión teme que los “ajustes” afecten a la “independencia”

• “Debemos revisar el modelo de radiotelevisión que queremos y nos podemos permitir”. Son palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha anunciado este martes en el Congreso que se hará una auditoría “completa de las cuentas” de RTVE para ver dónde se puede ahorrar. 

La portavoz del Gobierno ha asegurado, en la Comisión Constitucional del Congreso, que el Ejecutivo va a revisar en “profundidad” el uso de los fondos públicos en la Corporación RTVE e “impulsar la reducción de los costes de explotación”. 

• Sáenz de Santamaría ha hecho este anuncio al hablar de la reunión que mantendrá este miércoles con el Consejo de Administración de RTVE para analizar la reducción de 200 millones en el presupuesto de la radio y la televisión públicas que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre, cuando se anunció también la subida de impuestos.

La vicepresidenta del Gobierno ha subrayado la intención del Gobierno de llegar “lo antes posible” a un acuerdo parlamentario que permita la renovación del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública y el nombramiento de un nuevo presidente, tras la dimisión de Alberto Oliart.

Sáenz de Santamaría ha añadido que “el compromiso de reducción presupuestaria” es un “buen momento para incrementar la eficiencia en la gestión de la radio y la televisión pública”.

• “Debemos revisar el modelo de radiotelevisión que queremos y nos podemos permitir”, ha señalado la número dos de Mariano Rajoy. “Los medios públicos deben operar con criterios de calidad y promoción de la cultura en un marco de eficiencia”.

En este sentido, ha anunciado que van a analizar en “profundidad el uso de los fondos públicos e impulsar la reducción de los costes de explotación de la corporación” mediante una auditoría “completa de las cuentas” que a través de “un análisis comparativo del sector” determiné “los ámbitos en los que es posible una mayor eficiencia”.

El PSOE defiende la “independencia” de RTVE

El exministro de Presidencia y diputado del PSOE Ramón Jáuregui ha defendido al “independencia” y “neutralidad” de RTVE tras el anuncio de Soraya Sáenz de Santamaría.

Jáuregui ha asegurado que la actual televisión pública es “independiente, mayoritaria, gratuita y sin publicidad”. Unas “conquistas” que los socialistas no quieren “ver perturbadas”.

“Espero que ustedes quieran una televisión independiente y neutral”, ha añadido de Jáuregui, quien ha insistido en que los “procesos de ajuste” que se lleven a cabo “deben permitir una audiencia de dos dígitos” y para eso hace falta “una televisión con recursos”.

Sobre lo de nombrar al nuevo presidente de la Corporación y la renovación del Consejo de Administración se ha mostrado de acuerdo.

Supresión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales

Sáenz de Santamaría ha anunciado la supresión de la Ley General Audiovisual del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) porque no es “conveniente” ni “necesario”.

Ha señalado que no es “necesario” porque sus funciones pueden ser asumidas por otros órganos reguladores que ya existen, “sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros en crear uno nuevo”.

Durante la tramitación parlamentaria de la Ley Audiovisual, el PP ya propuso integrarlo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), informa Europa Press.

Conflicto de las radios y el fútbol

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado también su disposición a tomar medidas legales para resolver el conflicto que enfrenta a las emisoras de radio con los clubes de fútbol por la retransmisión de los partidos y se ha ofrecido a mediar entre las partes.

“Es voluntad del Gobierno dar una solución al contencioso sobre los partidos de fútbol y la radio. El Ejecutivo está dispuesto a abordar cambios legales que permitan el acceso de las emisoras a los campos de fútbol”.

Según ha explicado, se debe permitir la vuelta de las radios a los estadios para que “puedan retransmitir libremente” los partidos, “cubriendo únicamente los gastos que pudiesen generar”.

En ese contexto, se ha ofrecido a las cadenas de radio y a los representantes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) “para encontrar entre todos el punto de equilibrio”.

 Transparencia de las cuentas públicas.

¿Hay antídoto contra la corrupción?

Los expertos analizan qué lagunas legislativas facilitan la aparición de delitos contra la Administración, qué barreras de detección fallan y si es preciso habilitar nuevos mecanismos de control

La suma de casos se las trae. Un yerno del rey (Iñaki Urdangarin), imputado por corrupción; un expresident autonómico (Jaume Matas) para el que la Fiscalía y el Govern balear piden ocho años y medio de cárcel en el primer juicio del caso Palma Arena; otro expresident (Francisco Camps), absuelto por la mínima en la causa de los trajes; un exministro (José Blanco), investigado por presunto cohecho y tráfico de influencias; una supuesta compra de cocaína con los fondos de los ERE en Andalucía…

Ejemplos de escándalos de corrupción sobran. Y con ellos, crece la alarma entre los ciudadanos, cada vez más descreídos de una clase política que lleva meses revalidando su puesto de tercera preocupación de los españoles –lo era para el 19,7%, según el barómetro del pasado diciembre del CIS–.

¿Pero qué ocurre? ¿Por qué se produce ese descontrol del dinero público? ¿Qué mecanismos de vigilancia fallan?

O dicho en plata: ¿se puede prevenir la corrupción?

Para el control del Gobierno central trabajan “unos 200 interventores”

Justo esa pregunta titulaba el artículo que escribió Fernando Jiménez para Claves de razón práctica en junio de 2011. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y uno de los más reputados analistas de la corrupción política. Y es de los que sostienen que es “condenadamente difícil de contestar” esa cuestión. Porque, con otros expertos, explica que no es tanto “un problema de leyes”, porque la legislación española es homologable a la que existe en otros países, sino de “hacer cumplir las normas” y de remodelar el “diseño institucional”. O sea, de garantizar que las administraciones prevengan, sancionen e investiguen la corrupción y de que se equilibre el peso de funcionarios y políticos. Y que los ciudadanos, también, estén sensibilizados con los problemas de la corrupción y sus “nefastas consecuencias”.

01. ¿QUIÉN CONTROLA?
Interventores, auditores y Cámaras de Cuentas

200. Sólo trabajan “unos 200″ interventores y auditores para la Administración General del Estado (AGE). Ellos fiscalizan previamente todas las cuentas del Gobierno central, controlan los fondos que llegan de la UE, escrutan las subvenciones y auditan a posteriori los números de los llamados entes instrumentales –sociedades, consorcios, fundaciones, agencias y otras entidades de naturaleza pública–.

Esos 200 forman el cuerpo superior de funcionarios del grupo A adscritos a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Trabajan con “plena independencia funcional”, pues, aunque la IGAE se encuadra en el Ministerio de Hacienda, “no dependen de ningún gestor político”, ya que rinden cuentas ante su jefe, el interventor general, subraya Juan Carlos Gómez Condado, elegido el pasado noviembre presidente de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado.

En ayuntamientos y CCAA hay menos independencia de los funcionarios

En las comunidades no hay un cuerpo específico de interventores. O sea, que cualquier alto funcionario que elija cada Administración puede llevar a cabo esa labor. Por ejemplo, un inspector de Hacienda. Y en los ayuntamientos existe una única escala de secretarios-interventores, que se encargan no sólo de cuidar de cerca los números, sino también de prestar asesoría jurídica. “En ambos casos, no tienen la misma autonomía que nosotros en la IGAE –resalta Gómez Condado–, porque su coordinación no depende del interventor general, sino de las comunidades. En los municipios se suma que a veces se cubren vacantes con interventores accidentales, con contrato laboral firmado por el político. Su independencia es menor”.

“La IGAE es un órgano potente y sus procesos están bien diseñados. En las comunidades, los interventores han perdido protección y peso, igual que en los ayuntamientos, donde su nombramiento y cese se ha flexibilizado en exceso. Ahí son órganos de control que dependen del controlado, del político”, coincide Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.

“Las corporaciones locales son más opacas. Sus personales se hinchan para crear una red clientelar que facilita ganar más elecciones“, señala Julio Embid, politólogo de la Fundación Alternativas. Y eso explica que anide menos corrupción en el Gobierno central y que se detecte antes, y que campe a sus anchas en CCAA y ayuntamientos. “¿Qué tipo de corrupción es más posible, y más peligrosa, en el Estado? –inquiere Villoria–. Las cesiones a los grupos de presión, los lobbies, que no están regulados, y andan cabildeando por los ministerios y el Congreso”.

La fiscalización posterior y última recae en el Tribunal de Cuentas, integrado por 12 consejeros –seis nombrados por el Congreso y seis por el Senado– que deben dejar su carné de militante tras ser elegidos, y por una plantilla de “800 personas”, según fuentes del órgano constitucional. Fiscaliza toda la gestión económica del Estado y del sector público. Y también se encarga de la jurisdicción contable: juzga a los que han usado mal los fondos públicos. Y, si les halla culpables, les obliga a devolver lo defraudado, y con intereses. No hay estadísticas de cuántos procesos se abren al año.

El Tribunal tiene su correlato en las cámaras de cuentas autonómicas. Todas las CCAA –menos Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura– disponen de estos Órganos de Control Externo (OCEX), que, sin embargo, no tienen conferido el poder de enjuiciar.

02. ¿QUÉ CONTROLAN?
Lo que queda fuera de la lupa

Fraccionamiento de contratos. ¿Le suena? Era el procedimiento habitual (e ilegal) que presuntamente utilizaron los gobiernos de Madrid y Valencia con las empresas de la trama Gürtel. Esto es, fracturar las adjudicaciones para que su importe nunca excediera del tope fijado para los contratos menores –18.000 euros desde 2007 y ratificado en 2011, y 12.020 euros antes–.

Los investigadores urgen a aprobar ya una Ley de Transparencia

Esos contratos menores se han probado como una de las trampas del sistema. Se otorgan a dedo, sin concurso de por medio y no están sujetos a la fiscalización previa de los interventores. Estos sólo los verifican las facturas a posteriori. Si sospechan un fraccionamiento ilegal, lo advierten al gestor, al político. “Pero no pasa nada, no paralizas nada“, indica Gómez Condado.

Que no haya vigilancia previa no es baladí. Sólo cuando existe un control antes de que se apruebe el gasto los interventores pueden tumbar el expediente. Y lo pueden parar si no hay dinero o el gestor que ha firmado no es competente o se contravienen los requisitos de legalidad fijados por el Consejo de Ministros o, en su caso, los Gobiernos autonómicos.

Los contratos menores, pues, escapan de ese filtro. Y también lo esquivan las adjudicaciones que suscriban los entes instrumentales. La gestión de las agencias, consorcios, sociedades mercantiles… es auditada después, nunca antes. Y ese es, convienen los expertos, el gran coladero. Así pasó con Nóos. La Fundación Illesport o el Institut Balear de Turisme (Ibatur) pagaron al conglomerado de Iñaki Urdangarin. Igual que la Generalitat Valencian vehiculó a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias un contrato con Santiago Calatrava para que diseñara unas torres jamás hechas. Y por ese proyecto fantasma Francisco Camps pagó 15 millones de euros.

“El desvío de fondos públicos es mucho más complejo en la Administración tradicional, por eso se hace saliendo de ese circuito“, expone Jiménez. Nace así una “Administración paralela”. Una “nebulosa de administraciones” más lejos del escrutinio, dice Embid.

Concursos y subvenciones

Los concursos también se pueden retorcer. Con pliegos de condiciones escritos casi para otorgarle el expediente a una empresa, que se presenten compañías que hacen de comparsa o primando las razones subjetivas (la estética de un proyecto, por ejemplo). Trucos detectados en la Gürtel o en el caso Nóos. “Puedes advertir que se bareman en exceso los criterios subjetivos o sospechar que hay empresas pantalla, pero es una decisión del gestor político. Y si el informe técnico no está bien soportado, votas en contra en la mesa de contratación. Ahí sí es más difícil que el expediente salga adelante”, relata Gómez Condado.

Otra trampa, dice Villoria, está en los modificados de obra. El ejemplo claro es el velódromo Palma Arena, presupuestado en 48 millones y que al final costó más de cien. Los interventores sí pueden avisar de que se está disparando el coste de la obra. “Pero a ti te lo justifican con informes técnicos. Puedes temer que algo pasa, pero ya no puedes paralizar ni fundar si está habiendo enriquecimiento ilícito”.

Con las subvenciones pasa algo semejante. En el caso ERE, la Intervención denunció el reparto irregular, pero se desoyó su criterio. ¿Y no se vio que parte del dinero pudo acabar en drogas, fiestas y caprichos para el ex director general de Trabajo de la Junta? Gómez Condado: “Se hace un muestreo aleatorio a posteriori. No se puede hacer más, no tenemos medios”.

Contratos menores y abundancia de entes instrumentales son algunos coladeros

Fuera del control previo estaban antes los convenios de colaboración. Nóos firmó varios con Matas y Camps. El propio Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2010 en una moción que envió al Congreso de que había que cambiar la normativa relativa a los convenios de colaboración, justamente porque a veces no se promovía la suficiente concurrencia y porque se tramitaban como auténticos contratos. Más blindaje puso sobre ellos, en su artículo 4, el real decreto legislativo 3/2011, la última norma sobre contratación del sector público. Balears y Valencia suscribieron asimismo contratos secretos con el entramado del duque, “cuando esa vía está reservada para asuntos que afecten a la seguridad nacional”, precisa el interventor.  

¿Y no ve nada el Tribunal de Cuentas? “Desde luego, si han cometido corrupción, las administraciones no lo ponen en sus cuentas”, avisan desde la institución. “Pero si percibimos indicios de delito, se llevan a la Fiscalía. Nosotros, por ejemplo, destapamos todo el descontrol de Marbella“, añaden fuentes del órgano.

03.¿QUÉ PUEDE MEJORAR?
Las recetas para el mañana

“En los países con menores niveles de corrupción, los empleados públicos pueden actuar de forma más activa, no sólo pasiva. En España, toda la cadena de producción de una decisión pública depende de un cargo político”, subraya Víctor Lapuente, politólogo y profesor del Quality Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Este analista cree que faltan incentivos para los whistle blowers, los delatores. “Hay que proteger la privacidad de aquellos funcionarios o subordinados que denuncian”. Gómez Condado apunta que los interventores pueden elevar sus sospechas a sus superiores, al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía. ¿Temen represalias? “No, pero no muchas veces se denuncia, a no ser que esté muy claro”.

La percepción de que la corrupción es inevitable inquieta a los expertos

Villoria y Jiménez piden un “mayor equilibrio entre funcionario y político“. Ambos, junto con Embid y Pablo de Diego, profesor de Hacienda Pública de la UNED, se quejan de la falta de medios y efectivos, de las “penurias” de los órganos fiscalizadores y de la “demora” y la “politización” de las Cámaras de Cuentas, pues a sus consejeros los eligen los partidos. Ello hace a veces que sus informes no sean tenidos en cuenta, como pasó con las torres de Calatrava. En el Tribunal eluden comentar ese punto. De Diego aconseja lanzar campañas educativas.

La clave reside en una Administración de cristal, que exigen todos los expertos. “A mayor transparencia, menos corrupción”, traza Victoria Anderica, de la ONG Access Info. “El derecho de acceso a la información convierte a cualquier persona en auditor de las cuentas públicas. Una buena Ley de Transparencia tiene efecto disuasorio y preventivo”, destaca. España suspende aún, y es uno de los cuatro países de toda la UE que no tiene una norma. El Gobierno del PP la ha prometido, como lo hizo el Ejecutivo socialista. Su redacción dejará ver si hay voluntad y sobre todo instrumentospara combatir la corrupción.

España ocupa el puesto 31 de los 182 países evaluados por Transparencia Internacional. Y su grado de percepción de la corrupción se sitúa en el 6,2 de una regla que llega al diez. Como alega Jiménez, está asentada aquí la conciencia de que “esto funciona así”, de que “es el sistema”. De que la corrupción, en fin, “es inevitable”.

ALGUNOS AGUJEROS NEGROS

‘Caso Gürtel’: del erario al bolsillo de una trama 

Se cumplen tres años desde que Baltasar Garzón iniciara el caso Gürtel, un escándalo que liga a cargos del PP con la trama de Francisco Correa y que pone bajo sospecha la financiación del partido en Valencia. Hasta ahora, sólo han sido juzgados, por el caso de los trajes, Francisco Camps y Ricardo Costa, ya absueltos. Garzón se ha sentado paradójicamente en el banquillo por ordenar que se grabasen las conversaciones en prisión de los jefes de la trama con sus abogados. 

ERE: dinero público hasta para comprar drogas 

El caso ERE, que instruye Mercedes Alaya y que está poniendo contra las cuerdas al PSOE, está destapando un millonario desvío de dinero público de la Junta de Andalucía por el que está imputado el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y, desde el pasado viernes, sus sucesores en el cargo, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez. El escándalo creció cuando se conoció que parte de los fondos terminó en drogas, juergas y caprichos para Guerrero, según reveló ante la Policía su antiguo chófer.  

La importancia de ser el yerno del rey 

Será el 26 de febrero cuando Iñaki Urdangarin declare ante el juez del Palma Arena, José Castro, por sus presuntos manejos en Nóos. El magistrado investiga los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental de una trama que facturó 16 millones de euros, según Hacienda. El conglomerado societario del duque y su socio Diego Torres recibió 5,8 millones de los ejecutivos de Valencia y Balears. También desvió dinero a paraísos fiscales.  

‘Caso Palau’: el expolio de una institución 

En noviembre de 2009 estalló el caso del Palau de la Música. Se investiga un presunto expolio de fondos de la institución, antes presidida por Fèlix Millet, hacia la Trias Fargas, la fundación de CDC, socio mayor de CiU. Están imputados, entre otros, Millet y su mano derecha, Jordi Montull, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar. La Junta del Palau estimó en 2011 que la responsabilidad civil de Millet y Montull era de 30,5 millones de euros, equivalente al “perjuicio sufrido”. 

 JUANMA ROMERO

A pesar del discurso anticorrupción, el Estado debilita el órgano supervisor por vía presupuestaria. La institución llegará a 2012 con la mitad de los empleados que tenía hace una década.

La contralora interina Adelina González no se presentó. La sucesora de Clodosbaldo Russián encomendó a cuatro directores de la Contraloría General de la República la exposición de su anteproyecto de presupuesto para 2012 en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Los funcionarios de la Dirección General Técnica y los despachos de Presupuesto, Planificación y Recursos Humanos de ese organismo llegaron con media hora de retraso al salón Simón Bolívar, donde sesionan los diputados. Esa tarde del miércoles 16 de noviembre de 2011 su misión era tratar de convencer a los parlamentarios de que les aprobaran más fondos para el próximo año después del recorte de casi 60% aplicado por la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ejecutivo, a la solicitud original. No pudieron ocultar su resignación ante el recibimiento que les prodigaron: sólo había 4 diputados, 2 de la mayoría oficialista.

Además de la ausencia de la cardo Sanguino, a quien se le veía caminar por las oficinas adyacentes con una casaca roja. El diputado peseuvista Alejandro Dudamel hizo las veces de moderador; lo acompañaron Ramón Lobo, Alfonso Marquina y Vestalia Sampedro, los dos últimos de la oposición.

Basilio Jáuregui, José Gregorio Hernández, Maribel Díaz e Ivanova Pacheco, de la Contraloría, se sentaron frente al panel de diputados con la parsimonia de quien sabe que su esfuerzo por obtener más recursos podía ser en vano. Los directores llevaron un informe de 16 páginas que revela la difícil situación económica que atraviesa ese organismo, clave en la lucha contra la corrupción. El documento presenta una radiografía detallada de los peligros que corre una institución con un presupuesto devaluado que dificulta su labor en el laberinto de la administración pública. Durante casi una hora explicaron que la asignación anual ha decrecido en la última década, lo que ha producido una merma en el número de funcionarios y en la capacidad para ejercer control sobre los ingresos, gastos y bienes del Estado.

“Esta comisión debería apoyarnos en la solicitud, para que logremos un presupuesto justo y no tengamos necesidad de pedir créditos adicionales”, dijo Jáuregui, director general técnico de la Contraloría, no sin cierta timidez.

Hacer más transparente la administración pública fue una de las ofertas de Hugo Chávez ­desde el Balcón del Pueblo­ después de su reelección en 2006 y forma parte de las líneas estratégicas del Plan de la Nación 2007-2013. Pese a que el Presidente asumió el gobierno con la promesa de combatir la corrupción de décadas pasadas, entre las prioridades del país ­a la luz del proyecto de presupuesto para el próximo año­ no se encuentra la de apoyar a la instancia del Poder Ciudadano que vela por la correcta administración de los fondos públicos.

“La Contraloría debe exigir que se le apruebe la totalidad de los recursos que solicita porque tiene en sus manos muchas instituciones por auditar”, razonó Sampedro en la reunión. Los directores asintieron con la cabeza. Una lista mínima de ejemplos puede ser intimidante. El fallecido Russián prometió informes sobre las denuncias por la pérdida millonaria de alimentos del caso Pdval, por las conexiones de funcionarios civiles y militares con el presunto narcotraficante Walid Makled y por las supuestas estafas inmobiliarias.

Venezuela ostenta desde 2010 el récord de ser el país más corrupto de América Latina, de acuerdo con los reportes de Transparencia Internacional, que Russián siempre desestimó. Más allá de eso, sobra el trabajo y faltan los recursos.

Insolventes.

Cada año se le da menos importancia a la actividad fiscalizadora en el presupuesto nacional. En 2000, la asignación representaba 0,26% del total. 12 años después se redujo a menos de la mitad: por cada 100 bolívares sólo 0,12% se emplea en la vigilancia del uso de ese dinero.

Los informes anuales de la Contraloría General muestran una reducción de las actividades: las 1.090 fiscalizaciones de organismos públicos que se hicieron en 2006 bajaron a 745 en 2010, y para 2012 se planifican 477.

Los directores admitieron que lo destinado a ese organismo para 2012 apenas alcanzará para labores básicas. “La asignación cubre los gastos operativos, pero no los recursos humanos que necesitamos para atender nuestro ámbito de control, que es de 4.000 organismos”, señaló José Gregorio Hernández, director de Planificación, Organización y Desarrollo.

La descripción de Hernández dibuja una institución con poca autonomía económica: solicitó 834 millones de bolívares para el próximo año, pero luego de evaluar la petición, el Gobierno llevó la asignación a 351 millones.

El organismo ha pasado a depender de los créditos adicionales para compensar las carencias presupuestarias. En 2010, por ejemplo, solicitaron financiamiento extra por 212 millones de bolívares. Este año les aprobaron 114 millones. “La Contraloría General requiere que se le asignen los recursos necesarios para asumir su responsabilidad”, alegó Jáuregui. Y agregó: “No podemos decir que no aceptamos el presupuesto que propone la Onapre, sino que buscamos la manera de aumentarlo. Le hacemos saber al Ministerio de Finanzas que necesitamos nuestra autonomía”.

Cambiaron los tiempos. Eduardo Roche Lander, contralor general entre 1994 y 1999, recuerda que entonces la institución formulaba su presupuesto separadamente, sin incluirlo en el legajo que el Presidente de la República enviaba al Poder Legislativo, como se hace actualmente. “El Contralor iba y lo discutía con la Comisión de Finanzas directamente; en los seis años que estuve ahí nunca tuve que reducirlo. La institución no dependía ni financiera ni funcionalmente de otro poder público”.

En su época ­según afirma­ había personal suficiente para delegar a seis o siete auditores, para que trabajaran permanentemente en las oficinas de Pdvsa o para que abrieran investigaciones sobre los casos que se denunciaban en los medios. “Hacíamos un estudio de las necesidades y programábamos auditorías a escala nacional, regional y municipal. Le dábamos mucha importancia a la fiscalización de la administración central”.

Para el proyecto de Control Fiscal, que arropa las actividades centrales de la Contraloría, como auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, análisis y asesorías, la Onapre sólo aprobó 12% de lo que solicitó el despacho de Adelina González.

La adecuación necesaria para regir el Sistema Nacional de Control Fiscal, las mejoras en la infraestructura de la sede del organismo, la renovación de la flota de automóviles y la actualización tecnológica son planes que se quedaron sin recursos para el próximo año.

Más allá de lo material, también hay quien interpreta que la falta de un contralor titular no puede considerarse una fortaleza institucional.

Falta personal. Sobre los hombros de 627 funcionarios está la tarea de controlar el buen uso del dinero público en las instituciones del Estado. La Contraloría cerró 2010 con ese número de empleados, pero hace una década tenía el doble: 1.248. Alrededor de 34% del presupuesto se emplea en el pago a jubilados y pensionados.

La preocupación por captar nuevos empleados salta a la vista en una pequeña ventana que se abre en las computadoras de quienes visitan la página web del ente. “Auditor, consultor o profesional independiente. Regístrate aquí”, invitan desde el site. Sin embargo, el presupuesto del próximo año no alcanza para más contrataciones. “No puedo emplearlos y pensar que el dinero para pagarles me lo darán a través de créditos adicionales”, afirmó Jáuregui. Recordó que los trabajadores de ese organismo necesitan formación especializada. “No es cualquier auditor el que va a Pdvsa ­citó como ejemplo­ Esa capacitación cuesta mucho dinero, incluso hay que mandarlos a cursos fuera el país”.

El monto que el Estado le asignó a la Contraloría también se salta pagos previstos en la Ley del Trabajo. “La cuota asignada sólo cubre los gastos de nómina, sin aguinaldos ni prestaciones. No se garantizan las bonificaciones especiales.

Con el presupuesto que se nos asigna no podemos prever mejoras socioeconómicas para los empleados como primas por profesionalización o por hijos.

Se estaría limitando nuestra actuación”, reconoció Ivanova Pacheco, directora de Recursos Humanos.

Es una gran cantidad de dinero e instituciones que deben controlar, un inmenso volumen de trabajo para poco más de 600 personas, opina Mercedes de Freitas, directora de la organización Transparencia Venezuela. “Estamos ante un Estado que no valora el papel de la Contraloría y esa institución tampoco se da el valor que tiene. Le falta autoridad e independencia”, sostiene.

Gigante sin control. “Somos conscientes de que el Estado crece. Hemos dejado de cumplir actividades por falta de recursos presupuestarios”, lamentó Jáuregui ante la Comisión de Finanzas.

El déficit en el organismo que controla el dinero público se presenta en momentos en los que la administración estatal engorda rápidamente. Con ingresos que los analistas calculan en casi 1 billón de dólares, el Gabinete Ejecutivo pasó de 21 ministerios a 32 más las misiones sociales. De acuerdo con Conindustria, en los últimos 5 años se han expropiado 988 empresas y el Estado ha absorbido a esos empleados.

Los datos oficiales señalan que 2 de cada 10 trabajadores venezolanos laboran para el sector público. En 2011, se esperaba que más de 135.000 personas enviaran declaraciones juradas de patrimonio, las cuales deben ser verificadas.

“A medida que aumentan los ingresos hay que tener más ojos sobre ellos, pero la Contraloría no ha crecido ni presenta propuestas para hacer auditorías al uso de esos recursos y a los procesos de contratación de empleados públicos”, señala De Freitas.

La estructura estatal es enmarañada y difícil de fiscalizar, advierte el economista Ricardo Villasmil. “La forma como se administra el Estado poco transparente es un pantano. Tenemos un sistema de administración de divisas, un gasto público que se ejecuta por vías no previstas en la ley, fondos parafiscales, como el Fondo Chino, que dependen del Presidente de la República.

Tienes muchos controles que permiten la discrecionalidad de los funcionarios y propician la corrupción”.

El presidente de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional, Héctor Navarro, opina en cambio que los fondos nacionales o binacionales y todos los recursos que maneja el Estado ­por vía presupuestaria o no­ están sujetos a control. “Las denuncias se evalúan por muestreo, incluso aquí en la comisión. No hay capacidad para auditar 100% de los organismos”, concede.

Navarro dice que será un avance que en la reforma de la Ley contra la Corrupción se considere funcionario público a todo el que administre dinero del Estado, lo que incluye a los voceros de los consejos comunales. Revisar la transparencia de esas nuevas cuentas será otra tarea de la Contraloría. “Se hizo un estudio de impacto económico y supongo que esa institución necesitará más recursos”, agregó.

A pesar de que cumplirán más funciones, la Contraloría operará con un presupuesto devaluado. “¿Pueden funcionar con autonomía, si el Gobierno al que van a controlar es el que le manda los recursos?”, preguntó el diputado Marquina a los directores del organismo. No obtuvo respuesta.

             En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, los días 14 y 15 de noviembre del 2011, se llevó a cabo el “II Encuentro de Trabajadores/as del Sector Control Publico ISP”, en la Sede de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC). Allí nos hemos reunido en  condición de representantes de las  entidades gremiales afiliadas a la Internacional de Servidores Públicos (ISP) y/o a la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control (ULATOC) y organizaciones fraternas. , Unión de Trabajadores del Estado de Colombia y otras organizaciones fraternas.

La temática del Encuentro  se enfocó a los  propósitos  fundamentales del Sector, que se orientan a la defensa de los trabajadores del Control Público y a la promoción, fortalecimiento y defensa de la independencia de las instituciones cuya función sea la auditoría y/o el contralor interno y/o externo de la hacienda pública.

Considerando la extensa y productiva agenda de dicho evento, daremos un informe de las principales ideas planteadas y trabajadas durante el mismo; para luego dejar plasmadas aquí las principales definiciones y objetivos; que al final de las jornadas quedaron inscriptas en Actas.

Creemos que han surgido ideas que no deberían quedar en un desafortunado olvido, de allí nuestra propuesta de escribirlas, recordarlas y luego, utilizarlas en nuestra labor diaria. Esa la razón de expresar el siguiente listado de las principales cuestiones formuladas:

-          El Sindicalismo que nos compete, tiene tres roles fundamentales; el rol tradicional de defender al trabajador; un rol de co-responsabilidad, en tanto haya un compromiso de mejoramiento del funcionamiento del Organismo Estatal para el que se desempeña; y por último; un rol de socialización: en tanto funcione y estimule el intercambio de buenas prácticas que fortalezcan a los Organismos para los cuales el Trabajador de los organismos de Control se desempeña.

-          Es importante reconocer la importancia del Trabajo de los Organismos de Control como agente fundamental en la lucha contra la corrupción. Para ello, los ejes fundamentales son: Servicios Públicos de Calidad; Trabajo Decente y Negociación Colectiva.

-          Nuestro trabajo es hacer que los Gobiernos sean más transparentes y menos corruptos,  tiene directa relación con la transparencia de los Gobiernos y el combate a la corrupción.  de allí la importancia de defender al Trabajador de los Organismos de Control, así como la defensa contra la tercerización del Control Publico.-  De allí la necesidad de dar un enfoque particular en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los Trabajadores de Organismo de Control Público.

Por los mismos motivos el Control de la hacienda y de la gestión de la cosa pública debe mantenerse dentro de la esfera pública, no pudiendo ser delegado, tercerizado o   transferido al ámbito privado

-          La lucha por la Transparencia es la mayor evidencia de la lucha por la Democracia y, un componente de relevancia en la lucha por la mejora de las Instituciones, y consecuentemente de la calidad de vida de los ciudadanos en general. La importancia del trabajo sindical en tal sentido es fundamental. El mundo occidental se a convulsionado exigiendo y reclamando más Transparencia; de allí la magnitud de nuestra labor.

-          Los Organismos de Control fortalecen a la Democracia a través de sus trabajadores. La Gobernabilidad en Democracia se expresa en la relación del Estado con otros Organismos y Poderes, en un proceso complejo y continuo de Control Interno (autocontrol de la política) y Control Externo (la democracia funciona bajo el ojo atento de la ciudadanía).

-          Es necesario trabajar hacia un Control Participativo; es decir, se debe acercar el control a la ciudadanía que debe conocer y reconocer el rol del trabajador del control. Un claro ejemplo de este objetivo es la experiencia llevada a cabo por APOC denominada “Escuela de Vecinos” donde jóvenes entre 16 y 17 años de edad ejercen dicho rol y lo llevan a cabo.

-          El conocimiento en la instancia individual sólo es información y se convierte en conocimiento a partir de que el mismo se socializa.

Como notarán, estas ideas, principios y propósitos que han surgido de las diferentes exposiciones que se han llevado a cabo durante nuestro Encuentro, no expresan al final de cada cita su autoría. No por ello las consideramos huérfanas; puesto que ya forman parte del contenido del Sector de Control Público que hemos conformado.

Por último, haremos un breve detalle de las conclusiones y objetivos que nos hemos planteado y luego firmado en Actas:

-          Se aprueba el proyecto de crear un Mapeo de los Organismos de Control Público y las entidades gremiales representativas de trabajadores de control en América Central y del Sur comprometiéndose los delegados a aumentar la información a fin de obtener un diagnóstico actualizado para encaminar acciones gremiales.

-          Se aprueba el funcionamiento de un Observatorio Permanente de la situación de los trabajadores del Control Público y el libre ejercicio sindical; y su implementación por medio del sitio web www.ulatoc.org .

-          Se resolvió modificar el cuestionario de Encuesta para relevamiento del contexto sindical de las entidades afiliadas al Sector Control Público y/o a la ULATOC, a nivel país y regional, incorporando información en cuestiones de género y diversidad, libertad sindical y acciones gremiales.

-          Se aprobó la elaboración de un Proyecto Normativo, para que sea considerado en el seno de la Organización Internacional  del Trabajo, tendiente a definir “mejores prácticas” referidas al trabajo digno y a las condiciones requeridas para el ejercicio objetivo, profesional y con criterio independiente de las tareas de los trabajadores de Organismos de Control Público y que en un futuro sean elaboradas Recomendaciones y/o Convenios de la OIT en tal sentido. Se acordó que el impulso de tal proyecto esté a cargo del Cro. Sergio Hemsani en su condición de Coordinador del Sector Control Público en la ISP, como así también en representación de la ULATOC.

-          En relación a los objetivos de socializar recursos de capacitación y formación, se aprueba la conformación de la Biblioteca Virtual a través de la página web de ULATOC (www.ulatoc.org).

-          Se acordó avanzar en el sentido de arribar a un convenio con las áreas de la OIT responsables en la materia a fin de concretar el dictado de cursos de capacitación sindical.

-          Por otra parte y conforme la propuesta expuesta ante el Presidente de la AGN del proyecto de Intercambio de Funcionarios con organizaciones de Control Público de América presentado en ocasión del nuestro Primer Encuentro del Sector, los asistentes se comprometieron a gestionar ante las representativas organizaciones sindicales y Organismos de Control Público los mecanismos de intercambio y los acuerdos necesarios para su efectiva implementación.

-          Los representantes del presente Encuentro acordaron emitir una resolución de solidaridad a las organizaciones sindicales del Control Público Europeas que se encuentran atravesando un proceso de lucha sindical en defensa de los derechos laborales, sindicales y de sus organismos ante medidas que restringen el rol del Control Público.

-          Del mismo modo, se acordó emitir una resolución de solidaridad con Organizaciones Sindicales de Sindicatos de Control de la República Oriental del Uruguay, ratificando en todos sus términos la denuncia realizada por ULATOC, en el año 2009, por la cual se alertó de la tercerización de los controles públicos y la contratación de consultores privados en América Latina.

Los puntos expuestos fueron firmados en Acta por representantes de las siguientes organizaciones sindicales que se hicieron presentes al II Encuentro del Sector:

APOC (Argentina) – SINFUCOG (Paraguay) – AFTC (Uruguay) – SINDILEGIS (Brasil) – ASDECCOL (Colombia) – ASOPERSONERIA UTRADEC (Colombia) – ASFGN (Uruguay) – ULATOC – AFAIN (Uruguay) – ANEC (Chile).

La jornada culminó en un inmejorable ambiente de cordialidad e integración, que a esta altura es una marca distintiva de los Encuentros del Sector Control Público, en donde los representantes de los sindicatos asistentes reforzaron su compromiso para que los objetivos se transformen en logros.

Las palabras del Secretario General de ULATOC el Dr. Hugo Buisel Quintana expresan dicho espíritu: “… Todas las organizaciones deben reinventarse constantemente para previvir, crecer y desarrollarse, para poder hacer realidad su visión, su imagen de futuro deseado, y para cumplir su misión. La organización sindical no escapa a esta necesidad y su propia renovación hará un decisivo aporte a la consolidación de un sistema político más atento a las prioridades de la sociedad y de un crecimiento económico sostenible, más equitativo e inclusivo.”

Agradecemos la excelente predisposición y voluntad de trabajo de todos y cada uno de los compañeros que asistieron al II Encuentro, en la ciudad de Buenos Aires; dejando de lado sus agendas diarias para asistir con responsabilidad gremial a dicho evento, haciendo del Sector Control Público ISP y de ULATOC una Unión sólida, dinámica y siempre dispuesta al trabajo y a la integración sindical.

Les enviamos un fraternal saludo, esperando que tengan un Feliz fin de año y un próspero año nuevo.

Un fallo dictado por el conjuez Federal de Comodoro Rivadavia, José Eduardo Conde, determinó la inconstitucionalidad del artículo 5º del decreto 971/93 de la ley 24.156, que trata sobre la estabilidad impropia del Auditor Interno, al considerar que dicha reglamentación contraría al derecho marco que la sustenta. El decreto establece que “el Auditor Interno no gozará de estabilidad en el cargo y podrá ser removido por la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad, la que deberá ser comunicada a la Sindicatura General de la Nación”.

El actor de la acción judicial, el Auditor Interno de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Carlos Eduardo Padin, fue removido de su cargo luego de elaborar un informe acerca de las contrataciones de obras, dónde fueron detectadas serias irregularidades. A raíz de ello, el rector de la Universidad decidió llamar a concurso externo para reemplazarlo e impuso como requisito mínimo que el aspirante tenga título de Contador Público. Así, Padín quedó excluido por ser Licenciado en Economía.

El Auditor justificó y probó que su desplazamiento fue una represalia del rectorado de la casa de estudios por el informe que había procesado y, que la medida reflejó la inexistencia de un ambiente de control adecuado. En 2006 el conjuez Federal resolvió que se disponga la reincorporación de Carlos Eduardo Padin al cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, por considerarla como una exclusión arbitraria.

En el mismo fallo, el conjuez impugnó el artículo 5º del decreto nacional 971/93 al creer que “la norma reglamentaria contraría el espíritu de la ley que le sirve de fuente e inspiración, cuyo fin es regular la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional a través de la SIGEN”, y agregó: “Al establecer el decreto reglamentario que los auditores habrán de ser designados y removidos por la autoridad del ente o jurisdicción en el que actúen, queda en evidencia palmaria la intención de crear los mecanismos que vulneren el pretendido control”.

Asimismo, el magistrado añadió que “la norma carece de sentido lógico, y despierta sospechas acerca de las genuinas razones de su creación”, y concluyó que entender el decreto en estos términos es “absurdo e irracional”.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) irrumpió ayer en campaña para enviar sus propios mensajes al Gobierno que salga de las urnas. Tras el título Claves para la recuperación económica, un foro organizado en Santiago con la excusa del 30º aniversario de la institución, la patronal ofreció una larga lista de recetas para salir de la crisis: nuevos modelos de contratos que abaraten el despido, prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, austeridad en el gasto público, vinculación de los salarios a la productividad (no a la inflación) o acceso al crédito bancario fueron algunas de las propuestas.

A la cita acudieron los alcaldes de A Coruña y Santiago, tres conselleiros (Facenda, Industria y Traballo) y al menos un diputado del PP (Alberto Sueiro, auditor, que ha dado cursos en la CEG). Socialistas y nacionalistas habían sido invitados al evento pero ante la cercanía de las urnas excusaron presentarse en el auditorio de Galicia. Los secretarios generales de UGT y CC OO enviaron a dos representantes en su lugar.

El plato fuerte de la mañana era el discurso de Joan Rosell, presidente de la CEOE. Frente al “galimatías” de la normativa a la que se tienen que someter las pymes, -que midió por los cientos de miles de páginas del Boletín Oficial del Estado y los boletines de cada comunidad-, exigió leyes “más claras” que no puedan modificarse en la misma legislatura. “Tenemos que hacer legal lo que es real”, reclamó.

Amigo personal de Manuel Fraga, recordó sus primeras charlas con el expresidente de la Xunta: “Cuando venía a Galicia comía con él en el restaurante Vilas. Comparaba esto con Cataluña y me decía, ‘Galicia se está haciendo emprendedora”.

De elogiar la comunidad autónoma, Rosell pasó a describir la complicada situación de España, seguro de que el país incumplirá sus objetivos de déficit este año. “Solo el 8% de las cuentas de organismos públicos pasan una auditoría. Hace falta más control”. “Hemos perdido credibilidad muy rápido”, reflexionó al hacer el balance económico de la década. Y abordó el abaratamiento del despido con una de cal y otra de arena. Primero dejó caer que no es el plato fuerte de las demandas empresariales. Acto seguido recordó que se deberían adoptar los modelos de rescisión de contratos de otros países europeos porque “pagar 45 días por año con 42 mensualidades son 1.890 días”, un peaje que “ahoga” a las pymes.

Junto a las reformas, Rosell demandó del nuevo Gobierno que profundice en las fórmulas de colaboración público-privadas, que tanto el PSOE como el PP han explotado en Galicia para construir infraestructuras con periodos de pago que llegan a los 30 años.

El 20-N flotaba en cada intervención. “Este país hay que cambiarlo de arriba a abajo”, llegó a decir en su turno el eurodiputado José Manuel García-Margallo y Marfil, del PP (el programa omitía su pertenencia al partido). Minutos antes se refería a una propuesta electoral del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que la Unión Europea retrase en dos años los objetivos de cumplimiento del déficit: “A mis colegas [en el Parlamento Europeo] les ha puesto los pelos como escarpias”. Antes del acto de ayer ya había calificado la promesa electoral como “un disparate, un esperpento”.

Santiago Herrero León, vicepresidente de la CEOE, desgranó a lo largo de la mañana el modelo de relaciones laborales deseable por los empresarios para los nuevos tiempos, empezando por un contrato único con una indemnización de 20 días en caso de despido. “La idea puede provocar entusiasmo, pero hacen falta otros contratos”. Propuso hasta seis para acabar con “las garantías de hiperprotección” de las que disfrutan los trabajadores indefinidos frente a los temporales.

Sobre la reforma de la negociación colectiva, aseguró que intentarán negociarla con los sindicatos. Pero la falta de acuerdo “no debe ser justificación para que ningún gobierno deje de realizar la reforma”. Los deberes que la CEOE, en su versión gallega, tras el 20-N quedaron claros.

Publicado por Nidia Marín  en El Sol de México

En la iluminada República Mexicana hay un “foco rojo” más: la deuda local, por su creciente desarrollo y el uso que se le ha dado en el último lustro. Y uno de los filamentos de tal reflector, son los pasivos de corto plazo que, en la mayoría de los casos, no requieren ser aprobados por los congresos locales para que sean contratados, “dando paso a abusos y simulaciones para la contratación de éste instrumento financiero por parte de los gobiernos locales”.

Y hay otros faros de color púrpura…

El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. consideró que existen dos carencias esenciales en el marco normativo de la deuda: la indefinición que la Constitución Mexicana le otorga al concepto de inversión productiva en su artículo 117 y la falta de controles sobre las excepciones de deuda pública, debido a que cada estado define qué tipo de pasivos se consideran deudas públicas y cuáles no.

En el primer caso la ausencia de una explícita definición de lo que se considere productivo, “permite que cada estado defina (o no) el concepto a su conveniencia, dando pie a que se gaste la deuda en rubros que no contribuyen al incremento de infraestructura local, que no incluya la reestructuración de los términos de la deuda o mejore el uso de las instituciones públicas.

Respecto de la falta de controles, precisó que en los estados en donde los pasivos no se consideran jurídicamente deuda pública, los marcos regulatorios presentan deficiencias importantes. Lo consideran “grave” porque la mayor parte de tales excepciones son los pasivos de corto plazo que en la generalidad de los casos, no requieren ser aprobados por los congresos locales para que sean contratados.

“Si bien la razón de ser de las deudas de corto plazo es financiar el gasto corriente, existen pocas limitaciones normativas para su uso, lo que permite prácticas opacas con los recursos y que incluyen la posibilidad de transformar deuda de corto plazo en un pasivo de largo plazo con requisitos mínimos”, señaló.

En cuanto a las malas prácticas observadas durante la investigación en los estados puntualizó: Tlaxcala prohíbe la contratación de deuda pública que rebase el tres por ciento del presupuesto autorizado ese año. Si por un lado se considera una buena práctica poner topes al endeudamiento, limitar de esa forma el acceso a crédito que hace al gobierno menos flexible y limita oportunidades de inversión; la ley de deuda de Jalisco no define lo que es una inversión productiva; y las leyes de Colima, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz no incluyen a la reestructuración de pago de la deuda como una inversión productiva.

También en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Puebla no especifican quién es el responsable de reestructurar la deuda; y las leyes de deuda de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no establecen restricciones explícitas a las excepciones de deuda pública, es decir, no regulan el uso de la deuda de corto plazo.

Hay buenas prácticas, como las leyes de Chiapas, Estado de México, Michoacán y Yucatán que vinculan explícitamente el endeudamiento a ingresos ordinarios (propios/participaciones); las leyes de deuda de Chihuahua, Querétaro y Quintana Roo no presentan excepciones de deuda, lo que implica que todo pasivo está sujeta a la misma norma, únicamente la de Campeche especifica topes a las líneas de crédito; y las legislaciones de Colima, Nuevo León, Querétaro y Tabasco obligan a que todo gasto en inversión productiva sea únicamente gasto en inversión.

Otras buenas prácticas son: las leyes de los estados de Campeche, Colima, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Tabasco prohíben explícitamente que la deuda se use en gasto corriente; las de Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán obligan a que la contratación de las excepciones (deuda a corto plazo) se informe al congreso local; las leyes de Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán prohíben la reestructuración de las excepciones; y únicamente en las leyes de Baja California, Coahuila, Durango y Guanajuato, los pasivos menores a cinco por ciento no se consideran excepciones de deuda pública.

* Opacidades en fiscalización

Previo recordatorio de que la Auditoría Superior de la Federación sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda el 30 de julio de 1999 para garantizar mayor autonomía del poder ejecutivo y, el 20 de diciembre de 2000 se publicó la Ley de Fiscalización que regula su actividad, el CIDAC expone que por la naturaleza federal de la ley, ésta no obliga a los estados a acatar los mismos reglamentos, lo cual permite que los estados determinen, a través de sus disposiciones legales el grado de autonomía que sus legislaturas consideren adecuado.

“Más aún -agregó- en la medida en que en la práctica, los rubros como las participaciones federales y fideicomisos públicos únicamente sean fiscalizables (y a veces tampoco tienen atribuciones) por las entidades de fiscalización locales, el proceso de revisión del gasto público local se torna opaco”.

La reforma al artículo 134 constitucional faculta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar cualquier figura jurídica que ejerza recursos públicos, pero “existen limitaciones materiales (como una reducida capacidad de fiscalización) que impide revisar la totalidad de los recursos federales ejercidos por los estados”.

“Ello -advierte- representa un foco rojo debido a que para fiscalizar recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación debe realizar convenios de fiscalización con las instancias locales de fiscalización superior, que muchas veces carecen de capacidad técnica, recursos y autonomía para llevar a cabo una eficiente y eficaz revisión del gasto público, lo que implica que cada año, cada vez más recursos públicos federales y locales, se ejercen sin controles reales”.

Y en este renglón las malas prácticas detectadas en los estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán carecen de reglamentos de sus leyes de fiscalización superior; en Campeche su Ley de Fiscalización no define las atribuciones de la entidad en fiscalización local; y Aguascalientes, Campeche y Querétaro en sus leyes de fiscalización no precisan el procedimiento para elegir al titular de la entidad de fiscalización local.

Igualmente, las leyes de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no establecen que el titular de la entidad de fiscalización no puede haber tenido un cargo previo relacionado con la hacienda pública o partidos políticos en el estado; y las Aguascalientes, Campeche y Querétaro no señalan causales de remoción del titular de fiscalización de la entidad.

De igual manera, las legislaciones de Aguascalientes y Campeche no le otorgan autonomía técnica y de gestión a la entidad de fiscalización; Baja California, Campeche, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro la entidad de fiscalización no cuenta con la facultad para presentar denuncias administrativas o penales, mientras que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz no es posible fiscalizar fideicomisos públicos estatales y municipales.

Además, en Campeche y Durango no es posible fiscalizar a personas físicas que ejercen o manejan recursos públicos; y en Campeche, Querétaro y Quintana Roo sus respectivas legislaciones no contemplan la realización de convenios para fiscalizar el gasto federalizado.

No todo es negativo, aunque lo positivo sea insuficiente. Entre las buenas prácticas en los estados de la República el CIDAC mencionó: en Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas es posible fiscalizar fideicomisos públicos federales; y las leyes de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala contemplan la existencia de un servicio fiscalizador de carrera.

Las legislaciones de Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas requieren de dos terceras partes de los votos del Congreso para nombrar al titular de la Entidad de Fiscalización Superior; y en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán es posible fiscalizar fideicomisos privados que ejercen recursos públicos.

* Empañada la transparencia

En el 2002, relata el CIDAC, se promulgó en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y surgió el Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI), mientras que recientemente los estados del país han elaborado leyes secundarias que norman el tema de acceso a la información.

“Como no existe una Ley General que obligue a las entidades a acatar las mismas condiciones de acceso a la información, los congresos locales son los responsables de garantizar determinar las atribuciones y los límites de los institutos responsables decidieron crear normatividades locales alineadas a los preceptos contemplados en el artículo sexto constitucional y al espíritu de la Ley Federal”, dice.

Mencionó que los estados comparten procedimientos generales y presentan a los órganos garantes de la información atribuciones y obligaciones muy similares, “sin embargo, la principal debilidad radica en el diseño institucional de dichos órganos, que pasa desde un bajo grado de autonomía e independencia, como en los poco claros criterios para nombrar y remover a su titular y el carácter no definitivo de sus resoluciones”.

En este rubro abundan las malas prácticas en los estados: en Aguascalientes su ley no define información confidencial, no establece de quién es la competencia para clasificar la información, no contiene principio de máxima publicidad; la de Colima no precisa información personal; las de Durango y Zacatecas no establecen ni el principio de acceso gratuito a la información pública y tampoco el principio de gratuidad de la información; la de Querétaro no refiere la forma para formular solicitud (escrita, electrónica, telefónica); y las de Baja California, Chiapas y Tamaulipas no establecen si se puede ampliar el tiempo de respuesta.

Igualmente las legislaciones de Aguascalientes y Chihuahua no consideran la corrección de datos; las de Baja California, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas no contemplan el tiempo de ampliación de respuesta; las de Aguascalientes y Baja California no especifican el o los mecanismos o recursos para la ampliación de respuestas; y las de Aguascalientes, Baja California, Coahuila y Michoacán no otorgan al órgano garante de acceso a la información autonomía técnica o de gestión.

También, las leyes de Aguascalientes y Coahuila no mencionan los procedimientos de designación de los principales funcionarios del órgano garante; las de Aguascalientes, Baja California y Coahuila no especifican la duración del cargo de los funcionarios del mencionado órgano; las de Baja California Sur y Jalisco no permiten la ampliación del periodo de reserva; las de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Yucatán no establecen mecanismos de acceso a la información expeditos; y la de Querétaro no especifica sanciones por incumplimiento de la ley.

Acerca de las buenas prácticas en la investigación se indica que todas las leyes: definen información pública, información reservada; consideran el internet como un mecanismo de acceso a la información; especifican que no se debe acreditar interés para acceder a la información; consideran la información de finanzas del estado como pública, la no difusión de datos personales, quienes son sujetos obligados de proveer información pública, el tiempo máximo de respuesta, que los órganos responsables tienen unidad de transparencia y el tiempo máximo de reserva y los procedimientos de recursos de revisión, instancias para interponer recurso de revisión.